a reunión surgió de las bases. Será en el salón de la parroquia San José de Crespo. En la instancia “se realizará una reseña de todo lo qué se realizó en este tiempo: los encuentros en Crespo y Paraná, las reuniones con autoridades de la provincia y de la nación; la entrega de 40 notas al fiscal general firmadas por maestras, directivos rurales, Juntas de Gobierno, médicos y centros de salud; y establecer los pasos a seguir ante la demora del Ejecutivo en dictar el Decreto para regular el uso de fitosanitarios hoy restringido por un fallo judicial”.
Luego del diagnóstico, “la idea es promover un documento sobre lo que se realizó y lo que se pretende, básicamente, se exigirán dos cosas principales: que los legisladores trabajen en una nueva norma provincial sobre utilización de fitosanitarios y que convoquen a los productores para ayudar; y que el Ejecutivo actúe responsablemente y de forma urgente en la elaboración del nuevo Decreto para liberar las aplicaciones fitosanitarias”.
“Nosotros esperamos que el gobierno de Gustavo Bordet cumpla con su misión de gobernar para todos los entrerrianos y, que esta vez, tenga en cuenta a los productores agropecuarios, porque tiene que revertir esta tremenda injusticia social que se está haciendo”, remarcó la dirigente rural.
Precisamente, Gallinger lamentó la burocracia para dictar la norma: “El Gobierno no entienden los tiempos del campo, es decir, hHay una incomprensión total de cómo es la vida en el campo, ya que estas restricciones generan tremenda dificultas de cómo seguir adelante pagando los impuestos y manteniendo la familia cuando está todo parado y se están pasando los ciclos productivos del trigo, ya venimos mal y tarde para los cultivos de verano”.
En ese marco, detalló que la medida judicial profundiza el proceso de desarraigo rural, “porque los productores y sus familias migrarán a las ciudades por la imposibilidad de sembrar; otros hablan de retirar a sus gurises de las escuelas, por la mudanza de los familiares; y preocupa la continuidad de la fuente de trabajo de empleados rurales, quienes ven afectadas sus tareas en estas 300.000 hectáreas”. Al respecto, comentó que “se sospecha que habría negocios inmobiliarios, que están comprando estas tierras improductivas a precio vil”.
Quiénes participarán
La asamblea “está organizada desde las bases y está convocada toda la Mesa de Enlace provincial, participarán representantes de la Mesa de Enlace nacional, funcionarios del Ministerio de Agroindustria, cooperativas de ACA, Coninagro y AFA, habrá contratistas rurales, investigadores del Inta, vendedores de máquinas agrícolas, y productores de otra provincia que tienen campos en Entre Ríos y no entienden qué pasa porque se ven con esta situación por la que no pueden producir”.
“Participará mucha gente porque no es sólo el productor el que se ve afectado, sino que es toda la cadena”, remarcó Gallinger.