El referente agropecuario Gonzalo Álvarez Maldonado advirtió a AIM que si el gobierno dispone aumentos según la Ley que se trata en la Legislatura “muchos productores podrían caer en quebranto, ya que vienen de tres años consecutivos de sequías de Niña, en la que se perdieron todos los recursos económicos, financieros y forrajeros”. En ese marco, señaló que espera que los diputados convoquen al sector a discutir la Reforma Tributaria.
La media sanción de la Ley que autorizará al gobierno a fijar aumentos del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) en función de Productos Agropecuarios correspondiente al Índice de Precios al por Mayor (IPM) del Sistema de Índice de Precios Mayoristas (Sipm) “genera malestar en el campo entrerriano, ya que podría haber un impuestazo que atentaría contra miles de pequeños y medianos productores”, dijo a esta Agencia Álvarez Maldonado.
En ese marco, argumentó: “Venimos de tres sequías, donde los productores agotaron sus reservas económicas y productivas (forrajes, semillas, etcétera) y ahora, quizás, puedan recomponerse pero eso no pasará si se lo castiga, nuevamente, como se hizo en el pasado”. Al respecto, consideró que lo que el gobierno provincial debe hacer “es estimular la actividad, ya que si se la fomenta con políticas positivas el campo ayudará, como siempre, al país y la provincia a salir de la crisis social, política y económica”.
En contraposición, una actualización por inflación “no es la metodología que se debe utilizar para el campo; no es necesario sujetar el IIR a la inflación sino que se debe cumplir con la normativa vigente de acuerdo a las 36 zonas agroecológicas, una Ley ejemplar para el país, que se realizó en la época de Daniel Welschen, que determina que de acuerdo a la productividad de la tierra durante cinco años se hacía el cálculo y así era realmente viable”.
Para el cooperativista, el gobierno provincial “se debería estar analizando cómo financiar a los productores y reducir la presión impositiva, para que puedan seguir trabajando y produciendo más”.
Asimismo, consideró que “lo adecuado es que la Cámara de Diputados escuche a todos los actores y no brinde al gobierno una norma que podría atentar contra el futuro de miles de pequeños y medianos productores”.